Andrey José Piñarete Galindo ha sido condenado a seis años de prisión por amenazar de muerte al actual alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, en agosto de 2022. La sentencia fue emitida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá.
Piñarete, desde España, utilizó la red social X (antes Twitter) para enviar un mensaje intimidatorio al entonces candidato presidencial y actual alcalde. El mensaje contenía improperios y la amenaza directa: "Dejarte la cabeza llena de metralla".
El juzgado determinó que la amenaza constituía un delito contra defensores de derechos humanos y funcionarios públicos. Además de la pena de prisión, Piñarete deberá pagar una multa equivalente a 30 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Tras conocer la sentencia, el alcalde Gutiérrez se pronunció sobre el caso, enfatizando la importancia de la responsabilidad en el uso de las redes sociales. "Todos tenemos que ser responsables de lo que decimos en redes sociales (…) Hay mucho cobarde que se esconde detrás de una pantalla para amenazar", declaró.
La defensa de Piñarete ha anunciado que apelará la sentencia, buscando revertir la decisión del juzgado. El caso pone de relieve la creciente preocupación por las amenazas y el acoso en línea dirigidos a figuras públicas y la necesidad de medidas para combatir este tipo de delitos.
Reacciones y Contexto
Este incidente se suma a una serie de desafíos que enfrenta el alcalde Gutiérrez en materia de seguridad y orden público en Medellín. La condena de Piñarete envía un mensaje contundente sobre la seriedad con la que se están tomando las amenazas contra funcionarios públicos.
La utilización de redes sociales para proferir amenazas se ha convertido en una problemática común, lo que exige una mayor atención por parte de las autoridades y un debate público sobre los límites de la libertad de expresión en el entorno digital.
Implicaciones legales
La condena a Andrey José Piñarete Galindo subraya la importancia de la legislación vigente para proteger a los funcionarios públicos de amenazas y actos de intimidación. El fallo judicial sienta un precedente importante en la lucha contra el ciberacoso y la violencia en línea.