El Consejo de Estado en Colombia ha admitido una demanda que busca anular la resolución de la Superintendencia de Salud que intervino la Nueva EPS, la entidad con mayor número de afiliados en el país, desde 2024. La decisión del alto tribunal abre un nuevo capítulo en la controversia que rodea la intervención gubernamental en el sistema de salud.
Demanda busca suspender intervención y proteger derechos
La demanda, presentada por el abogado Samuel Ortiz Mancipe, no solo busca la anulación de la resolución de intervención, sino también la suspensión provisional de la misma. Además, alega la vulneración de derechos fundamentales como el buen nombre, la honra y el debido proceso. Se solicita al Consejo de Estado ordenar a la SuperSalud detener cualquier otra intervención similar.
Acusaciones de motivaciones políticas detrás de la intervención
Un punto central de la demanda radica en las acusaciones contra el presidente Gustavo Petro, a quien se señala de haber solicitado la intervención de la Nueva EPS por motivos ajenos a los permitidos por la Constitución y la ley. El documento cita mensajes publicados por el presidente en redes sociales como evidencia de estas presuntas motivaciones políticas, vinculadas al fracaso de la reforma a la salud.
La Procuraduría General de la Nación también ha estado investigando la situación de la Nueva EPS, realizando visitas de inspección para evaluar sus indicadores financieros y la calidad de sus servicios. La Procuraduría ha encontrado debilidades en los sistemas de información y deficiencias en la gestión financiera de la EPS.
Reacción del Gobierno y próximos pasos
El presidente Petro ha defendido la intervención, argumentando que la Nueva EPS “nunca tuvo un sistema de información real” y que sus deudas la llevaron a una causal de disolución. El mandatario ha expresado su esperanza de que el Consejo de Estado tenga en cuenta estos datos al momento de decidir sobre la demanda.
El Consejo de Estado ha ordenado notificar a la Nueva EPS y a su interventor para que se pronuncien sobre los argumentos de la demanda. Este caso se suma a la controversia generada por la intervención en otras EPS, como Sanitas, y plantea interrogantes sobre el futuro del sistema de salud en Colombia.