Juicio a Álvaro Uribe: Fallo se conocerá el 28 de Julio en Colombia

Con la presentación de los alegatos finales, concluyó la etapa de juicio contra el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, quien es investigado por presuntos delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno de testigos. El Juzgado 44 Penal de Bogotá será el encargado de emitir el veredicto final el próximo 28 de julio.

La jueza Sandra Liliana Heredia, a cargo del caso, anunció la fecha de la resolución tras la culminación de la última jornada de alegatos por parte de la defensa del exmandatario. Uribe, quien ha rechazado los cargos en su contra, espera la decisión que determinará si es absuelto o condenado por hechos que se remontan a aproximadamente 13 años atrás.

En caso de ser hallado culpable, el expresidente Uribe podría enfrentar una pena de prisión de hasta 12 años, de acuerdo con lo establecido en el Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000). La normativa contempla penas similares para los delitos de fraude procesal, soborno en actuación penal y soborno a testigos, además de multas económicas e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas.

La expectación en torno al fallo es alta, considerando la relevancia política y social de Álvaro Uribe Vélez en Colombia. El caso ha generado un intenso debate y polarización en la opinión pública, y la decisión judicial tendrá un impacto significativo en el panorama político nacional.

¿Qué sigue después del 28 de Julio?

Tras la lectura del fallo, las partes involucradas tendrán la posibilidad de interponer recursos de apelación, lo que podría extender el proceso judicial y llevar el caso a instancias superiores. La defensa de Uribe ha manifestado su confianza en demostrar la inocencia del exmandatario y revertir cualquier condena que pudiera ser impuesta.

Posibles escenarios y sus consecuencias

  • Absolución: Un fallo absolutorio fortalecería la figura política de Uribe y podría impulsar su influencia en la política colombiana.
  • Condena: Una condena, incluso si es apelada, podría afectar significativamente su imagen pública y limitar su participación en la vida política del país.

Compartir artículo