La controversia sobre la consulta popular promovida por el presidente Gustavo Petro ha escalado al Consejo de Estado. Tras la negativa del registrador Nacional del Estado Civil, Hernán Penagos, de convocar la consulta sin un pronunciamiento previo de las altas cortes, el debate sobre su legalidad recae ahora en la Sala de Consulta y Servicio Civil del alto tribunal.
¿Quiénes son los magistrados a cargo?
La Sala de Consulta está integrada por cuatro magistrados: María del Pilar Bahamón Falla (presidenta), Ana María Charry Gaitán, John Jairo Morales Alzate y Juan Manuel Laverde Álvarez. Esta sala se encarga de emitir conceptos no vinculantes sobre asuntos de interés institucional solicitados por diferentes órganos del poder.
El registrador Penagos justificó su decisión argumentando la necesidad de claridad jurídica ante el choque de posturas entre el Congreso y el Gobierno. Afirmó que lo pertinente es esperar el pronunciamiento de las altas cortes para determinar si se continúa o no con la consulta popular, especialmente después del revés sufrido por la reforma laboral en el Senado.
La postura del Presidente Petro
El presidente Petro ha reaccionado con contundencia ante la decisión del registrador, llegando a calificarla como un acto de "sedición". Anunció acciones legales contra Penagos, argumentando que este no tenía derecho a suspender la convocatoria de la consulta. La consulta popular buscaba refrendar en las urnas parte de la reforma laboral archivada.
La decisión del Consejo de Estado será crucial para determinar el futuro de la consulta popular. Aunque su concepto no es vinculante, sí tendrá un peso significativo en la decisión final sobre la viabilidad y legalidad de este mecanismo de participación ciudadana.
- María del Pilar Bahamón Falla: Presidenta de la Sala de Consulta.
- Ana María Charry Gaitán: Magistrada del Consejo de Estado.
- John Jairo Morales Alzate: Magistrado del Consejo de Estado.
- Juan Manuel Laverde Álvarez: Magistrado del Consejo de Estado.
El análisis de los magistrados se centrará en los argumentos presentados tanto por el presidente Petro como por el registrador Penagos, buscando garantizar la legalidad y la transparencia del proceso. El país espera con atención el pronunciamiento del Consejo de Estado.