El presidente Gustavo Petro ha firmado el decreto para convocar una consulta popular sobre la reforma laboral, generando controversia y marcando un punto de inflexión en el debate político colombiano. Esta decisión unilateral, tomada a pesar del rechazo del Senado a la iniciativa, ha sido comunicada a través de las redes sociales del mandatario, anunciando que la fecha prevista para la votación es el 7 de agosto de 2025.
Un Decreto en Manos de la Corte Constitucional
Ahora, el destino de la consulta popular está en manos de la Corte Constitucional, que deberá determinar la validez del decreto. Petro ha manifestado su disposición a dar marcha atrás si el Congreso responde positivamente a las propuestas de su gobierno antes de la fecha de la votación.
"He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas si los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente, sean respondidos positivamente por el Congreso...", afirmó el presidente.
Fundamento Legal y Debate Abierto
El presidente Petro fundamenta su decisión en el artículo 33c de la ley 1757, argumentando que dicho artículo permite al presidente convocar la consulta popular independientemente del concepto previo del Senado. Esta interpretación ha generado un intenso debate sobre la legalidad y la conveniencia de la medida.
La decisión de Petro se produce tras haber mostrado una postura más conciliadora para alcanzar acuerdos con la oposición en el Senado, buscando un articulado que recogiera diversas posturas políticas. Sin embargo, la falta de consenso ha llevado al presidente a optar por la vía de la consulta popular, buscando el respaldo directo de la ciudadanía.
- La fecha de la consulta popular está programada para el 7 de agosto de 2025.
- El decreto ha sido enviado a la Corte Constitucional para su revisión.
- Petro se basa en el artículo 33c de la ley 1757 para justificar la medida.
El panorama político colombiano se presenta ahora con una nueva incertidumbre, a la espera de la decisión de la Corte Constitucional y la reacción del Congreso ante esta controvertida iniciativa.