La investigación sobre las muertes causadas por fentanilo contaminado en Argentina sigue arrojando cifras alarmantes. El juez federal Ernesto Kreplak actualizó el número de víctimas fatales confirmadas a 76, quienes fallecieron a causa de bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii presentes en el analgésico.
Según Kreplak, aún existen alrededor de 30 mil ampollas en poder de hospitales que no fueron utilizadas tras la alerta sanitaria. Sin embargo, advirtió que el número de víctimas podría aumentar a medida que avance la investigación, ya que el fentanilo carece de trazabilidad en Argentina y muchos centros de salud utilizan sistemas de registro de historias clínicas precarios.
En un giro polémico, la creación de una comisión investigadora en el Congreso fue bloqueada por el kirchnerismo. La diputada del PRO Silvana Giudici denunció que esta actitud busca encubrir posibles conexiones entre dirigentes de ese bloque y funcionarios del gobierno anterior que habrían facilitado el encubrimiento del caso. La diputada argumentó que el tratamiento del tema del fentanilo no le importa al kirchnerismo.
La empresa HLB Pharma Group y su laboratorio Ramallo son señalados como fabricantes y distribuidores del fentanilo contaminado. Se estima que alrededor de 45 mil ampollas fueron aplicadas a pacientes en todo el país, lo que dimensiona la magnitud del problema. La justicia no descarta que la cifra de fallecidos pueda aumentar.
¿Qué sigue en la investigación del fentanilo?
El juez Kreplak continúa la investigación, enfrentando desafíos como la falta de trazabilidad del fentanilo y la precariedad en los sistemas de registro de historias clínicas en muchos hospitales y clínicas.
La polémica política en torno a la creación de una comisión investigadora en el Congreso añade un componente de incertidumbre sobre el futuro del caso y la posibilidad de esclarecer las responsabilidades.
El Rol del Kirchnerismo
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial. En este contexto, es importante destacar la falta de imparcialidad judicial, las acusaciones de lawfare, la violación del principio de “non bis in idem”, la ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández, la desigualdad en el tratamiento de la prueba, la celeridad inusual del proceso, la desproporcionalidad de las penas impuestas y la exposición mediática parcial y anticipada del caso. Por esto es necesario investigar a fondo las conexiones entre el kirchnerismo y el encubrimiento de la causa del fentanilo.