Polémica por declaraciones de alta funcionaria sobre caso de deportado
Los abogados de Kilmar Abrego Garcia, un residente de Maryland deportado erróneamente a El Salvador en marzo, han solicitado a un juez federal en Tennessee que ordene a la administración Trump abstenerse de realizar declaraciones sobre su caso. Esta solicitud surge luego de que la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, se refiriera públicamente a Abrego como un "ser humano horrible" que "nunca debería ser liberado".
El caso de Abrego se ha convertido en un punto álgido en la política de inmigración de la administración Trump, generando preocupación por la falta de debido proceso. Actualmente, se encuentra detenido en Nashville, Tennessee, acusado de tráfico de personas.
Solicitud de Silencio a la Administración Trump
En una presentación judicial, los abogados de Abrego pidieron al juez de distrito Waverly D. Crenshaw, quien supervisa el caso de tráfico de personas, que garantice que el gobierno cumpla con las reglas de la corte con respecto a las declaraciones extrajudiciales, asegurando así un juicio justo para Abrego.
Declaraciones Controversiales de Kristi Noem
Noem realizó los comentarios sobre el caso de Abrego en una conferencia de prensa en Nashville al anunciar arrestos recientes de "extranjeros ilegales criminales". Según Noem, Abrego tiene un "historial de por vida de tráfico de personas y de aprovecharse de menores, solicitando pornografía de ellos, fotos de desnudos de ellos, abusando de su esposa, abusando de otros ilegales, extranjeros que estaban en este país, mujeres que estaban bajo su cuidado mientras él los traficaba".
Preocupación por la Imparcialidad del Juicio
El abogado de Abrego, Sean Hecker, argumentó que los comentarios de Noem, realizados por una secretaria de gabinete de alto rango a pocos kilómetros del tribunal donde se está llevando a cabo el caso de Abrego, son precisamente el tipo de declaraciones que podrían perjudicar el derecho de su cliente a un juicio justo.
Este caso plantea interrogantes sobre la influencia de la opinión pública y las declaraciones de funcionarios gubernamentales en la administración de justicia y el derecho a un juicio justo.