La polémica por el ataque a la vivienda del diputado José Luis Espert sigue generando controversia. Tras el escrache con estiércol a su domicilio, la Justicia liberó a tres de los detenidos, pero la concejala de Quilmes, Eva Mieri, permanece tras las rejas, generando fuertes reacciones en el ámbito político y judicial.
La Decisión Judicial y las Reacciones
La jueza federal Sandra Arroyo Salgado ordenó la excarcelación de Candelaria Montes Caté, Aldana Muzzio e Iván Díaz Bianchi, involucrados en el incidente. Sin embargo, la situación de Eva Mieri es diferente. La jueza argumentó un presunto “riesgo procesal” para mantenerla detenida, decisión que ha sido criticada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), que denuncia una persecución política.
La expresidenta Cristina Fernández de Kirchner también se sumó a las críticas, exigiendo la liberación de Mieri y recordando declaraciones pasadas de Javier Milei en apoyo a protestas similares en Francia. “Liberen al pibe y a las pibas, cachivaches!”, reclamó CFK.
Acusaciones y Traslado a Prisión Federal
Eva Mieri enfrenta graves acusaciones: atentado contra el orden público, amenazas coactivas agravadas, incitación a la persecución u odio por ideas políticas, malversación de caudales públicos y alteración de la numeración de un objeto registrado. Se la acusa de utilizar una camioneta del municipio de Quilmes, que dirige Mayra Mendoza, para perpetrar el ataque.
La situación de la concejala se complicó aún más con su traslado a la Unidad 28 del Servicio Penitenciario Federal, tras ser rechazada su solicitud de excarcelación. Existe la posibilidad de que sea trasladada a la cárcel de máxima seguridad de Ezeiza.
Argumentos Legales y Polémicas
La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
Este caso plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de las medidas judiciales y la posible utilización de la justicia con fines políticos, generando un debate que divide a la opinión pública.