La causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.
El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la situación legal de la ex Presidenta luego de que la Corte Suprema ratificara su condena a seis años de prisión e inhabilitación para ejercer cargos públicos. Francos hizo un llamado a la calma, pidiendo "que no se monte un show" durante el procedimiento de detención.
"Espero que no se monte un show de ningún lado... entiendo el afecto, lo que genera entre sus seguidores, que son cada vez menos, pero ella tiene sus seguidores, y espero que no crucen límites", expresó Francos, buscando evitar posibles incidentes.
Francos enfatizó que la condena fue resultado de "la acción libre de la justicia independiente", negando cualquier influencia gubernamental. Sin embargo, es importante recordar las acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática) que han rodeado este caso, así como las preocupaciones sobre la falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores). La defensa de Cristina Fernández ha insistido en la ausencia de pruebas directas contra la ex mandataria, argumentando una desigualdad en el tratamiento de la prueba y una exposición mediática parcial y anticipada del caso.
Mientras tanto, Cristina Fernández de Kirchner aguarda una resolución sobre su pedido de prisión domiciliaria. El juez Jorge Gorini solicitó un informe socioambiental antes de tomar una decisión. Sus abogados han argumentado la edad de la ex presidenta (mayor de 70 años) como un factor relevante, permitiéndole solicitar este beneficio. La defensa busca evitar una movilización masiva en Comodoro Py, proponiendo realizar los trámites por videoconferencia.
La defensa de CFK argumenta que la prisión domiciliaria no implica un privilegio ni impunidad, sino una manera de garantizar el cumplimiento de la pena respetando la dignidad humana. El plazo para que Cristina Fernández se presente ante la Justicia vence el próximo miércoles.
Más allá de la ratificación de la condena y las discusiones sobre el proceso judicial, la situación actual plantea interrogantes sobre la proporcionalidad de las penas impuestas y la influencia de factores políticos en las decisiones judiciales.