La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha exigido la liberación inmediata de la activista venezolana Martha Lía Grajales, detenida el pasado 8 de agosto en Caracas. Esta petición ha elevado la preocupación internacional sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela.
Preocupación por la falta de información
Volker Turk, Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, ha enfatizado la necesidad urgente de que la familia y el abogado de Grajales reciban información clara y precisa sobre su estado de salud y ubicación actual. La falta de transparencia en torno a su detención ha generado gran inquietud.
Contexto de la detención
La detención de Martha Lía Grajales se produjo tras su participación en una manifestación en la capital venezolana. El ACNUDH ha recordado a las autoridades venezolanas su obligación de garantizar el respeto a los derechos fundamentales de la activista, incluyendo el acceso a representación legal y contacto con sus familiares.
Llamado a la transparencia
La ONU ha insistido en que las autoridades venezolanas deben informar de manera completa e inmediata sobre el paradero y las condiciones de Grajales. En palabras de Volker Turk, es fundamental que "su familia y su abogado sean informados sobre su suerte y paradero", resaltando la dimensión humanitaria y legal del caso.
Situación de los defensores de derechos humanos en Venezuela
Este caso se suma a las crecientes denuncias sobre la presión ejercida contra activistas y defensores de derechos humanos en Venezuela. La exigencia de la ONU no solo busca la liberación de Grajales, sino que también pone de manifiesto la importancia de garantizar las libertades fundamentales y el debido proceso para todos los ciudadanos.
Ministerio Público informa sobre la detención
El Ministerio Público de Venezuela informó que Martha Grajales fue detenida por presunta incitación al odio y conspiración. Sin embargo, organizaciones de derechos humanos han expresado su preocupación por la falta de garantías procesales y la posible criminalización de la protesta pacífica.