La Unión Europea ha iniciado un procedimiento de infracción contra España debido a la posible intervención del gobierno en la Oferta Pública de Adquisición (OPA) de BBVA sobre el Banco Sabadell. Bruselas considera que ciertas leyes españolas podrían estar obstaculizando la libre competencia y la libre circulación de capitales dentro del mercado común.
¿Qué leyes están en la mira de la UE?
La investigación se centra en dos normas específicas: la Ley de Defensa de la Competencia y ciertas disposiciones bancarias que otorgan al Ministerio de Economía amplios poderes para vetar o condicionar fusiones y adquisiciones en el sector financiero. La Comisión Europea argumenta que estas leyes podrían no ajustarse al derecho comunitario, ya que imponen restricciones injustificadas a la libre circulación de capitales y a la libertad de establecimiento.
Según la UE, la decisión del gobierno español de elevar la decisión sobre la OPA al Consejo de Ministros no estaría justificada por motivos de interés general, tal como exige la legislación europea. Bruselas considera que la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ya había evaluado la operación y que no existían razones para que el gobierno interviniera.
Posibles consecuencias para España
Si la Comisión Europea determina que España ha infringido la legislación comunitaria, podría imponer sanciones económicas y exigir la modificación de las leyes cuestionadas. El gobierno español tiene ahora un plazo para responder a las objeciones de Bruselas y presentar sus argumentos.
Este procedimiento de infracción podría tener implicaciones significativas para el futuro de la OPA de BBVA sobre Sabadell, así como para la regulación del sector financiero en España. La decisión final de la UE podría sentar un precedente importante sobre el alcance de la intervención gubernamental en operaciones empresariales de gran envergadura.
Reacción del Gobierno Español
Se espera que el gobierno español defienda su actuación argumentando que la intervención estaba justificada por motivos de interés general, como la protección de la estabilidad financiera y la defensa de los intereses de los consumidores. Sin embargo, la Comisión Europea deberá evaluar si estos argumentos son suficientes para justificar la restricción a la libre competencia.