La situación de los jubilados en Ecuador se encuentra en un punto crítico. Recientemente, se han movilizado a lo largo del país para expresar su rechazo al proyecto de Ley de Fortalecimiento y Sostenibilidad Crediticia, impulsado por el gobierno de Daniel Noboa. Los manifestantes argumentan que esta ley, junto con otras decisiones gubernamentales, pone en riesgo su seguridad social y estabilidad económica.
¿Qué reclaman los jubilados?
Las principales demandas de los jubilados ecuatorianos se centran en:
- Rechazo a la Ley del Biess: Consideran que esta ley debilita al Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (Biess), convirtiéndolo en un “botín político y financiero”.
- Devolución del IVA: Exigen el cumplimiento del pago del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que afecta directamente sus ingresos, ya de por sí limitados.
Fabiola Basantes, una de las manifestantes, advirtió que esta situación no solo afecta a los jubilados actuales, sino también a los futuros trabajadores, quienes podrían verse desprotegidos en su vejez.
Superintendencia de Bancos pide claridad
La Superintendencia de Bancos ha recomendado aclarar varios artículos del proyecto de ley, especialmente aquellos relacionados con los Fondos Complementarios Previsionales Cerrados, que superan los 310 millones de dólares. El superintendente Roberto Romero sugirió eliminar un párrafo específico para evitar ambigüedades en los plazos relacionados con estos fondos.
Impacto en créditos, aportes y cuentas individuales
El proyecto de Ley del Biess plantea reformas que permitirían al banco gestionar sus activos para obtener liquidez y atender la demanda de préstamos de afiliados y jubilados. Se propone la venta de la cartera de créditos y la revisión de negocios fiduciarios que no hayan cumplido su objetivo. Sin embargo, expertos como Rodrigo Ibarra señalan la falta de un análisis técnico que justifique estas medidas.
¿Qué sigue?
La situación sigue en desarrollo y el impacto final de la Ley del Biess dependerá del texto que apruebe la Asamblea Nacional. Los jubilados se mantienen en alerta y continúan movilizándose para defender sus derechos y la seguridad social.