Liberación de Juan Grabois: Un Recuento de los Hechos
El dirigente del Frente Patria Grande, Juan Grabois, fue liberado en la madrugada del domingo tras haber sido detenido por aproximadamente doce horas. La detención se produjo después de que Grabois, junto con un grupo de activistas y diputados, ocupara el edificio del Instituto Juan Domingo Perón, un centro de investigaciones históricas y de divulgación cuyo cierre fue anunciado recientemente por el gobierno.
A su salida, Grabois criticó duramente las condiciones laborales del personal de seguridad en la alcaldía, describiéndolas como "inhumanas" y denunciando oficinas "vetustas, sin calefacción, llenas de ratas" y la falta de sistemas modernos. Prometió que, de llegar a la presidencia, se ocuparía de mejorar estas condiciones.
La Detención y la Reacción
Grabois también aclaró que no se le imputó ningún cargo específico, sino una imputación genérica por la "intrusión de un lugar". Afirmó que la ocupación fue una "permanencia pacífica" en protesta por la actitud "dictatorial" del gobierno de Milei, especialmente de Patricia Bullrich, a quien describió como "una mujer muy perversa".
Durante su detención, una multitud se congregó frente a la Superintendencia de Investigaciones Federales exigiendo su liberación. Entre los presentes se encontraban diputados, senadores y legisladores.
Un Mensaje desde la Camioneta
Previo a su liberación, Grabois publicó una foto desde la camioneta policial, desafiando a Milei. "Meteme preso Milei, pero la bandera argentina no me la sacás", escribió, mostrando una bandera argentina atada al cuello. La imagen circuló rápidamente en redes sociales generando gran repercusión.
¿Por qué se tomó el Instituto Juan Domingo Perón?
El cierre del Instituto por parte del gobierno de Milei, bajo el argumento de malgasto de fondos públicos y funciones duplicadas, fue el detonante de la protesta. Grabois había denunciado previamente a funcionarios por el cierre del Instituto y del Café con Perón, argumentando "daño agravado, sustracción, alteración y destrucción de documentos confiados a su custodia y abuso de autoridad".
La situación sigue generando debate y tensión política en Uruguay y Argentina.