El Congreso de la República del Perú está debatiendo una propuesta que podría transformar la estructura del Ministerio Público. El congresista Wilson Soto Palacios, de Acción Popular, ha presentado un proyecto de ley que busca aumentar el número de fiscales supremos titulares de cinco a diez. ¿Cuál es el objetivo detrás de esta iniciativa?
¿Por qué aumentar el número de fiscales supremos?
Según Soto Palacios, esta medida busca fortalecer la institucionalidad del Ministerio Público, mejorar su legitimidad y, en última instancia, optimizar la administración de justicia en el país. La propuesta modificaría la Ley Orgánica del Ministerio Público y la Ley de la Carrera Fiscal.
Actualmente, la ley no especifica un número exacto de fiscales supremos que deben integrar la Junta de Fiscales Supremos, lo que ha llevado al uso extendido de fiscales provisionales. Esto ha generado cuestionamientos sobre la legalidad de sus decisiones, según argumenta el congresista.
¿Cómo funcionaría la nueva Junta de Fiscales Supremos?
Con la reforma propuesta, la Junta estaría compuesta por el Fiscal de la Nación y nueve fiscales supremos titulares. Los fiscales provisionales solo podrían integrarla en casos excepcionales y siguiendo un criterio de antigüedad. En ausencia de fiscales titulares, el fiscal provisional más antiguo asumiría transitoriamente el cargo de Fiscal de la Nación.
Además, el proyecto busca clarificar el sistema de ascensos y jerarquías dentro del Ministerio Público, estableciendo que el cuarto nivel de la carrera fiscal estará integrado por los diez fiscales supremos.
¿Impacto económico de la propuesta?
El proyecto asegura que su implementación no requerirá recursos adicionales del Tesoro Público, ya que se financiará con el presupuesto institucional del Ministerio Público. La propuesta se presenta como una respuesta a la percibida crisis de representación y gobernabilidad en la Junta de Fiscales Supremos.
Este cambio, de ser aprobado, podría tener implicaciones significativas en la forma en que se toman decisiones dentro del Ministerio Público y en la percepción pública de su legitimidad. Estaremos atentos al desarrollo de este debate en el Congreso.