La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso peruano se encuentra en el ojo de la tormenta tras admitir una denuncia constitucional contra la fiscal suprema Delia Espinoza Valenzuela, así como contra los fiscales supremos Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos y Juan Villena. La denuncia, impulsada por la bancada de Renovación Popular, acusa a los fiscales de desobedecer la orden de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) que exigía la reposición de Patricia Benavides como fiscal de la Nación.
La admisión de la denuncia, aprobada con 11 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención, se basa en presuntos delitos de resistencia o desobediencia a la autoridad y usurpación de funciones. Los denunciantes argumentan que los fiscales habrían priorizado la autonomía del Ministerio Público por encima de una orden emitida por un órgano constitucional, generando un desacato funcional que, según ellos, merece una sanción política.
La bancada Renovación Popular ha solicitado la inhabilitación de los fiscales por un período de hasta diez años. Por su parte, Luciano López, abogado de Delia Espinoza, ha cuestionado lo que considera un trato desigual por parte de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, comparando la celeridad con la que se ha tratado la denuncia contra su defendida con las numerosas denuncias pendientes contra Patricia Benavides.
Este caso se suma a la polémica generada por la denuncia que la propia Renovación Popular ha presentado ante la JNJ contra Delia Espinoza, acusándola de desobediencia por no restituir a Patricia Benavides. La denuncia ante la JNJ busca la suspensión inmediata de Espinoza y su reemplazo en el cargo, así como su posterior destitución.
¿Qué sigue para Delia Espinoza y los fiscales acusados?
Ahora, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales deberá evaluar las pruebas presentadas y determinar si existen fundamentos suficientes para llevar adelante un juicio político contra los fiscales acusados. La decisión final recaerá en el pleno del Congreso.
Reacciones y Consecuencias
- La admisión de la denuncia ha generado un intenso debate político y jurídico en el país.
- Se espera que el caso tenga un impacto significativo en la estabilidad del Ministerio Público.
- La resolución final del Congreso podría sentar un precedente importante para la relación entre el Poder Legislativo y el Poder Judicial.