El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh) ha oficializado la aprobación de la Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030, una medida de aplicación obligatoria destinada a fortalecer la prevención, detección y sanción de este delito en el país. La aprobación se formalizó a través del Decreto Supremo N.° 010-2025-JUS, publicado en el boletín Normas Legales del diario El Peruano.
Un Instrumento Rector para Combatir el Lavado de Activos
El decreto establece que esta política nacional se erige como el instrumento rector del Estado peruano para hacer frente al delito de lavado de activos y sus repercusiones en la sociedad y la economía nacional. La política fue elaborada por un Grupo de Trabajo Multisectorial (GTM) con el objetivo primordial de reducir la incidencia del lavado de activos en el país.
El lavado de activos permite a organizaciones criminales insertar fondos ilícitos en la economía formal, socavando la confianza en las instituciones, afectando a los ciudadanos y distorsionando el correcto funcionamiento del sistema económico. Según la norma, esta práctica permite dar apariencia de legalidad a fondos de origen ilícito, lo que conlleva el deterioro del sistema económico, el fortalecimiento de redes criminales y la erosión de la confianza pública en las instituciones estatales.
Enfoques Clave de la Política Nacional
La Política Nacional contra el Lavado de Activos al 2030 se enfoca en cuatro pilares fundamentales:
- Reducción del comportamiento susceptible de constituir lavado de activos.
- Mejora en los sistemas de prevención con enfoque basado en riesgo.
- Fortalecimiento de la capacidad del Estado para combatir este delito.
- Mejora de la coordinación entre entidades públicas, sector privado y sociedad civil.
Aplicación y Ejecución
El cumplimiento de esta política es obligatorio para todas las entidades del Estado. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos estará a cargo de la conducción, coordinación y supervisión de su implementación a nivel nacional, asegurando una respuesta integral y coordinada contra el lavado de activos en el Perú.