El fabricante de vehículos eléctricos Tesla (TSLA) ha sido excluido de la lista de inversiones del fondo de pensiones sueco AP7 debido a denuncias de violaciones de derechos laborales en Estados Unidos. AP7, tras varios años de diálogo con Tesla y a pesar de propuestas de accionistas, considera que la compañía no ha tomado medidas suficientes para abordar las problemáticas señaladas.
Venta de Participación Significativa
AP7 vendió su participación en Tesla, valorada en aproximadamente 13 mil millones de coronas suecas (alrededor de $1.36 mil millones de dólares) a finales de mayo. Esta participación representaba aproximadamente el 1% del Fondo de Renta Variable de AP7.
Historial de Quejas Laborales
Tesla tiene un historial de quejas y acusaciones relacionadas con prácticas laborales deficientes. En 2023, supervisores de Tesla en un centro de servicio en Florida violaron la ley laboral estadounidense al prohibir a los empleados discutir salarios y condiciones de trabajo, así como presentar quejas a directivos de nivel superior.
Acusaciones de Obstaculización de la Sindicalización
El año pasado, la Junta Nacional de Relaciones Laborales acusó a Tesla de tomar medidas para impedir que los empleados en Buffalo, Nueva York, se sindicalizaran. La política de la compañía restringía a los trabajadores de Tesla de "grabar, solicitar o promover sin autorización" y de "crear canales y listas de distribución".
Preocupaciones Climáticas
Además de Tesla, AP7 también ha excluido a Chord Energy (CHRD) y Coterra Energy (CTRA) por no alinear sus operaciones petroleras con los planes de transición energética del Acuerdo de París para combatir el calentamiento global. Esta decisión subraya el compromiso de AP7 con prácticas empresariales sostenibles y respetuosas con los derechos laborales y el medio ambiente.
Otros Casos Anteriores
En el pasado, Tesla enfrentó acusaciones de racismo en su fábrica de Fremont. Un excontratista de ascensores, Owen Diaz, recibió una indemnización sustancial de $137 millones, aunque posteriormente reducida por un juez.
Esta decisión de AP7 pone de relieve la creciente importancia que los inversores dan a las cuestiones sociales y medioambientales a la hora de tomar decisiones de inversión.