La escena política y judicial peruana se encuentra en un momento de alta tensión tras la suspensión de la Fiscal de la Nación, Delia Espinoza, por parte de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Pablo Sánchez ha asumido interinamente el cargo, según la resolución oficial N. ° 2956-2025-MP-FN, que formaliza su designación temporal.
La suspensión de Espinoza, por un período de seis meses, se basa en presuntas faltas disciplinarias relacionadas con la reposición de Patricia Benavides. La decisión de la JNJ ha generado un intenso debate sobre la independencia judicial y las motivaciones detrás de este proceso.
¿Qué Implicaciones Tiene la Suspensión?
La suspensión de Delia Espinoza ha provocado una serie de interrogantes sobre el futuro del Ministerio Público y las investigaciones en curso. La resolución que oficializa la designación de Pablo Sánchez como fiscal interino tiene como objetivo convocar a la junta de fiscales supremos para elegir a quien se mantendrá de manera interina en el cargo.
Mientras tanto, la Policía Nacional del Perú (PNP) evalúa el pedido de Delia Espinoza para mantener el resguardo policial que tenía asignado, un tema que ha generado controversia y atención mediática.
Las Denuncias de Espinoza
En medio de este proceso, Delia Espinoza ha denunciado públicamente irregularidades en el proceso de la JNJ, argumentando que su posible suspensión carece de sustento legal y estaría motivada por presiones políticas. Espinoza, quien asumió el cargo en noviembre de 2024, ha liderado investigaciones contra altos funcionarios del Estado, lo que podría haber influido en su situación actual.
“¿Qué peligro hay en que continúe como fiscal de la Nación? ¿Acaso es un peligro seguir enfrentando la corrupción?”, cuestionó Espinoza, sugiriendo que su apartamiento no se basa en razones legales, sino en intereses políticos.
El Futuro del Ministerio Público
La suspensión de Delia Espinoza y la asunción interina de Pablo Sánchez marcan un punto de inflexión en el Ministerio Público. La ciudadanía observa atentamente los próximos pasos de la junta de fiscales supremos y las decisiones que se tomen en relación con las investigaciones en curso. La transparencia y la legalidad serán cruciales para garantizar la confianza en las instituciones y el Estado de Derecho en el país.