El fiscal José Domingo Pérez Gómez se presentó ante el Tribunal Constitucional (TC) para defender la continuidad del proceso penal contra Keiko Fujimori en el conocido caso 'Cócteles'. Pérez argumentó que archivar el caso impediría demostrar la responsabilidad de Fujimori en el delito de lavado de activos, relacionado con la recepción de fondos provenientes de la corrupción para financiar campañas políticas.
Según Pérez, la decisión del TC sobre este hábeas corpus podría tener repercusiones significativas en otros casos vinculados a la empresa Odebrecht, incluyendo las condenas de Ollanta Humala, los procesos contra Susana Villarán, Renovación Popular e incluso Vladimir Cerrón. El fiscal sugirió que el recurso de hábeas corpus busca beneficiar a las fuerzas políticas que controlan el Congreso.
La defensa de Keiko Fujimori, liderada por Giulliana Loza, argumenta que su clienta está siendo procesada por hechos que no constituían delito al momento de su supuesta comisión. Loza cuestionó la constitucionalidad de mantener procesada a una persona por acciones que no eran ilegales en el momento en que ocurrieron. Señaló que, a pesar de un fallo que retrotrajo el proceso a la etapa intermedia, la imputación fiscal persiste y Fujimori sigue sujeta a restricciones de su libertad.
El TC citó a Pérez para que exponga sus argumentos sobre el recurso de hábeas corpus presentado por Fujimori, quien busca que se archive el proceso penal en su contra por presuntos aportes ilícitos en sus campañas presidenciales de 2011 y 2016. La defensa legal de Fujimori argumenta que la lideresa fue investigada y procesada por hechos que, según ellos, no eran delito en el marco legal vigente cuando ocurrieron los supuestos aportes ilegales.
El principal argumento de la defensa es que las imputaciones por lavado de activos no eran sancionadas como delito en 2011 ni en abril de 2016, ya que la tipificación en el Decreto Legislativo 1249 entró en vigor en noviembre de 2016, después de los hechos denunciados.
La Fiscalía, por su parte, ha solicitado 35 años de prisión para Keiko Fujimori, acusándola de los presuntos delitos de lavado de activos, organización criminal, asociación ilícita para delinquir y falsa declaración en procedimiento administrativo.