La Corte Constitucional de Colombia, liderada por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, ha respondido enérgicamente a las críticas del presidente Gustavo Petro sobre el proceso de revisión de la reforma pensional. El alto tribunal no solo defendió su independencia judicial, sino que también emitió una nueva orden perentoria a la Cámara de Representantes.
¿Qué está pasando con la reforma pensional?
El conflicto se originó tras las declaraciones del presidente Petro, quien acusó al magistrado Ibáñez de actuar con "odio ideológico" y de "desconfiar del presidente de la República". Estas acusaciones surgieron después de que Ibáñez solicitara información adicional, incluyendo detalles sobre los viajes del mandatario a Europa.
En respuesta, Ibáñez emitió un auto judicial defendiendo la independencia judicial y rechazando las acusaciones. El magistrado afirmó que las declaraciones del presidente "no corresponden a la verdad" y "ponen en riesgo la independencia judicial".
Ultimátum a la Cámara de Representantes
La Corte Constitucional ha dado un plazo de tres días a la Cámara de Representantes para que envíe las actas que demuestren que la reforma pensional cumplió con el trámite de subsanación requerido. Estas actas son cruciales para que la Corte determine si la reforma corrigió los vicios constitucionales identificados previamente.
Recordemos que la Corte había devuelto la reforma al Congreso debido a un "pupitrazo" en la plenaria de la Cámara, donde se adoptó el texto del Senado sin el debido debate. Aunque la ponencia inicial de Ibáñez pedía tumbar la reforma, él es el magistrado encargado de la revisión constitucional del proyecto.
¿Por qué es importante?
La senadora Paloma Valencia presentó una demanda contra la Ley 2381 de 2024, que establece el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común. La congresista argumenta que el trámite legislativo omitió el debate obligatorio en la plenaria de la Cámara de Representantes, lo que vulneraría el artículo 48 de la Constitución.
La decisión final de la Corte Constitucional tendrá un impacto significativo en el futuro del sistema pensional colombiano y en la estabilidad económica de los colombianos. La celeridad y transparencia en este proceso son fundamentales para garantizar la legitimidad de la reforma.