La reciente firma de un acuerdo entre Colombia y Venezuela para establecer una zona binacional de "paz, unión y desarrollo integral" ha generado una ola de reacciones y debates en el ámbito político y social. El acuerdo, que busca impulsar el comercio, la industria, el turismo, el transporte y la agroindustria en la región fronteriza, comprende los departamentos colombianos de Norte de Santander, Cesar y La Guajira, y los estados venezolanos de Táchira y Zulia.
Congreso Cita a Ministros por Acuerdo Binacional
En medio de la controversia, el Congreso colombiano ha citado a control político a tres ministros del gobierno de Gustavo Petro para que expliquen los alcances del acuerdo. La Comisión Segunda del Senado, encargada de analizar temas de relaciones internacionales, será el escenario donde la canciller encargada, el ministro de Defensa y la ministra de Comercio deberán responder a las inquietudes de los congresistas.
Temores por la Soberanía y la Presencia de Grupos Armados
La oposición ha expresado su preocupación por una supuesta entrega de la soberanía nacional, mientras que el gobierno ha negado tales acusaciones. Los congresistas buscan aclarar si la zona binacional podría facilitar el tránsito de grupos armados que operan en la frontera y cuál será el impacto en temas de migración, comercio y transporte. También cuestionan por qué el acuerdo no fue tramitado en el Congreso y cuáles son los argumentos para aprobarlo fuera del Legislativo.
El ELN y el Control Fronterizo
Expertos advierten que la creación de la zona binacional podría fortalecer al ELN, un grupo armado que ha incrementado su presencia y control en la frontera colombo-venezolana. La pérdida de control estatal en la región desde el cierre de los pasos fronterizos en 2015 ha permitido que el ELN se consolide como una autoridad aduanera y controle actividades ilícitas.
La implementación de la zona binacional plantea desafíos significativos en materia de seguridad, gobernanza y control territorial. Será crucial que ambos gobiernos trabajen en coordinación para garantizar la seguridad de la población y evitar que la iniciativa sea aprovechada por grupos armados ilegales.