El reciente hallazgo de una fosa común en zona rural de Calamar, Guaviare, con los restos de ocho líderes religiosos y sociales, ha generado una profunda consternación y un llamado urgente a la acción por parte del gobierno colombiano. El presidente Gustavo Petro ha expresado su rechazo ante este atroz crimen y ha instado a las autoridades a redoblar esfuerzos para proteger a los líderes religiosos y sociales en todo el país.
Alerta temprana ignorada
La Defensoría del Pueblo había advertido desde principios de 2025 sobre el recrudecimiento de la violencia en la región y el riesgo de una crisis humanitaria. La Alerta Temprana 001 de 2025 ya señalaba la creciente confrontación entre las disidencias del Estado Mayor Central de las FARC y otros grupos armados ilegales, lo que generaba un ambiente de inseguridad y vulnerabilidad para la población civil.
Posibles motivos del crimen
Según las investigaciones preliminares, los líderes asesinados habrían sido citados por el Frente Armando Ríos de las disidencias de las Farc. Se presume que los mandos medios de este grupo sospechaban que las víctimas intentaban conformar una célula del ELN en la zona, lo que podría alterar el control territorial y las economías ilegales que allí operan.
Acciones del gobierno
El presidente Petro ha pedido a las Fuerzas Armadas reforzar sus actividades y misiones para proteger la vida de los líderes religiosos y sociales. Además, ha instado a las instituciones del Estado a redoblar esfuerzos para garantizar su seguridad y asegurar que estos crímenes no se repitan ni queden impunes.
La importancia de la protección
Este trágico suceso pone de manifiesto la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de protección para los líderes religiosos y sociales en Colombia, especialmente en las regiones más afectadas por la violencia. Es fundamental que el Estado garantice su seguridad y les brinde las herramientas necesarias para que puedan seguir desempeñando su labor en defensa de los derechos humanos, la paz y el desarrollo de sus comunidades.