La consulta popular impulsada por el gobierno de Gustavo Petro se encuentra en un limbo jurídico. El registrador nacional, Hernán Penagos, ha decidido solicitar un concepto al Consejo de Estado antes de proceder con la convocatoria, lo que ha generado fuertes críticas por parte del Ministro del Interior, Armando Benedetti.
¿Qué está pasando con la Consulta Popular?
Hernán Penagos justificó su decisión argumentando que existe una "controversia jurídica sin precedentes" en Colombia, y que la organización de una consulta popular de esta magnitud requiere una planeación rigurosa. Esta postura ha sido interpretada por algunos como una dilación, mientras que otros la ven como una medida prudente para evitar futuros problemas legales.
Las Críticas de Armando Benedetti
Armando Benedetti no tardó en expresar su desacuerdo con la decisión del registrador, argumentando que Penagos es un simple "operador logístico" y no tiene la facultad de cuestionar la legalidad del decreto presidencial. Esta confrontación pone de manifiesto la tensión existente entre el Gobierno y la Registraduría Nacional en torno a la consulta popular.
La postura de Hernán Penagos
Penagos insiste en que su decisión se basa en la necesidad de salvaguardar la institucionalidad del país. Afirma que la Registraduría es un ente neutral y que busca evitar divisiones, por lo que ha optado por dejar la resolución del conflicto en manos de las altas cortes. Según él, está en juego el principio democrático y la estabilidad del país.
¿Qué sigue ahora?
La Registraduría solicitará conceptos a la sala de consulta del Consejo de Estado, a la Agencia de Defensa Jurídica del Estado y a la Procuraduría para obtener claridad sobre la legalidad de la consulta popular. El futuro de esta iniciativa gubernamental depende ahora de la decisión que tomen las altas cortes.
- El registrador Hernán Penagos ha frenado temporalmente la consulta popular.
- Armando Benedetti critica la decisión, argumentando que Penagos es un "operador logístico".
- La Registraduría justifica su postura en la necesidad de evitar una "ruptura institucional".
- El Consejo de Estado deberá emitir un concepto clave sobre la legalidad de la consulta.
La controversia en torno a la consulta popular pone de manifiesto las tensiones políticas y jurídicas que rodean al gobierno de Gustavo Petro y su agenda de reformas.