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BR El gobierno colombiano ha expedido el Decreto 0182 de 2026, que establece nuevas reglas para la operación territorial de los planes de salud (EPS) en el país. Este decreto, desarrollado en colaboración con el Ministerio de Salud, busca mejorar la continuidad del aseguramiento y la distribución equitativa de los recursos en el sistema de salud nacional. Según el anuncio, el cambio afectará directamente a 6,5 millones de pacientes que actualmente están dentro del sistema de salud público.
El decreto establece que los usuarios de EPS podrán ser transferidos a nuevas entidades de salud sin necesidad de oponerse. Esto significa que, en un plazo de 90 días, se realizará un proceso de reorganización para garantizar que cada región tenga un acceso adecuado a los servicios de salud. El objetivo principal es reducir la brecha de acceso a la atención médica en zonas rurales y mejorar la calidad del servicio en áreas urbanas.
El anuncio ha generado controversia en el sector salud, con expertos alertando sobre posibles riesgos para los usuarios que podrían perder su cobertura. Según una investigación reciente de la Universidad Nacional de Colombia, el 30% de los usuarios en zonas rurales actualmente carecen de acceso a servicios básicos de salud, lo que podría agravarse con este cambio. Los especialistas en políticas públicas señalan que el proceso debe incluir mecanismos de transición para evitar que los usuarios se queden sin cobertura.
El proceso de transferencia de 6,5 millones de pacientes se realizará en tres fases. En la primera fase, se identificarán y transferirán a las entidades que se ajusten a los nuevos estándares de calidad. En la segunda fase, se evaluarán las entidades para asegurar que cumplen con los requisitos técnicos y operativos. En la tercera fase, se completará el proceso de transferencia definitiva, garantizando que cada paciente tenga acceso a un servicio adecuado.
El presidente de la Unión de Entidades de Salud (UES), Pedro González, destacó que el decreto tiene como objetivo principal mejorar la eficiencia del sistema, pero también mencionó preocupaciones sobre la posible saturación de recursos en ciertas zonas. Según el informe del Ministerio de Salud, el 40% de las entidades que participan en el proceso actualmente tienen dificultades para mantener la calidad de los servicios, lo que podría resultar en una mayor carga para los nuevos responsables.
Los afectados incluyen tanto usuarios que actualmente están en el sistema público como aquellos que se encuentran en el sistema privado. Esto implica que el proceso afectará a más de 6,5 millones de personas que, en promedio, utilizan al menos dos veces al año servicios de salud, como consultas médicas, análisis y procedimientos quirúrgicos.
El proceso de reorganización también incluye la creación de un sistema de monitoreo constante para garantizar que cada entidad cumpla con los estándares de calidad. Este sistema permitirá identificar rápidamente los casos que requieren intervención y garantizar que los usuarios reciban el servicio adecuado en el menor tiempo posible.
La implementación de este decreto representa un paso importante