Las relaciones entre Colombia y Guatemala se tensan tras la emisión de órdenes de captura contra el embajador colombiano ante la Santa Sede, Iván Velásquez, y la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo, por parte de la Fiscalía de Guatemala. La acusación principal se centra en presuntas irregularidades relacionadas con la constructora brasileña Odebrecht durante su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG).
Reacción del Presidente Petro
El presidente Gustavo Petro ha calificado la acción de la fiscalía guatemalteca como una muestra de que esta “obedece al crimen y no a las ciudadanías”. Petro advirtió sobre la posible infiltración de las multinacionales del narcotráfico en los poderes judiciales y los gobiernos, buscando impunidad para sus actividades ilícitas.
Petro también hizo un llamado a equipos de abogados independientes para redactar una causa penal contra las multinacionales de la mafia, buscando que sean juzgadas por un tribunal internacional. Además, instó a fortalecer y financiar la Justicia Penal Internacional.
Respuesta de la Cancillería Colombiana
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha expresado su profunda preocupación y enérgico rechazo ante las órdenes de captura, calificándolas como carentes de sustento jurídico y un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional. La Cancillería considera que la medida vulnera derechos humanos fundamentales y representa una grave desviación de los estándares del derecho internacional.
El Contexto de las Acusaciones
Las acusaciones se remontan al periodo en que Velásquez y Camargo trabajaron en la CICIG, un organismo de la ONU que investigó redes de corrupción en Guatemala entre 2007 y 2019. Durante su gestión, se llevaron a prisión a expresidentes, ministros, empresarios y altos mandos militares por hechos de corrupción.
La Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) acusa a Velásquez y Camargo de haber favorecido ilegalmente a Odebrecht en un caso que habría causado pérdidas millonarias al Estado guatemalteco.