El presidente Gustavo Petro ha expresado su profunda preocupación y rechazo ante la solicitud de orden de captura emitida por la Fiscalía de Guatemala contra el embajador Iván Velásquez y la fiscal Luz Adriana Camargo. Petro afirma que este órgano judicial "obedece al crimen y no a las ciudadanías", señalando la posible influencia de las multinacionales del narcotráfico en los poderes judiciales y gobiernos.
Acusaciones de corrupción y la respuesta de Petro
La Fiscalía de Guatemala acusa a Velásquez y Camargo de haber favorecido ilegalmente a la constructora brasileña Odebrecht durante su trabajo en la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Las acusaciones se centran en supuestas negociaciones irregulares de acuerdos judiciales con Odebrecht, que habrían causado pérdidas millonarias al Estado guatemalteco.
Ante esta situación, el presidente Petro ha invitado a equipos de abogados independientes a redactar una causa penal contra las multinacionales de la mafia, buscando que sean juzgadas por un tribunal internacional. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia ha manifestado su enérgico rechazo a la orden de captura, considerándola un atentado contra los principios fundamentales de la justicia internacional y una vulneración de derechos humanos fundamentales.
La CICIG y su impacto en Guatemala
La CICIG, donde Velásquez y Camargo desempeñaron roles clave, investigó redes de corrupción en las altas esferas de Guatemala, llevando a prisión a expresidentes, ministros, empresarios y altos mandos militares. Su trabajo fue crucial, pero también generó controversia y eventualmente llevó a la finalización de su mandato en 2019.
La situación actual plantea interrogantes sobre la independencia judicial en Guatemala y la lucha contra la corrupción en la región. El gobierno colombiano ha expresado su apoyo a Velásquez y Camargo, defendiendo su integridad y trayectoria en la lucha contra la impunidad.