La ciudad de Barranquilla se encuentra en el centro de un operativo exhaustivo contra empresas de seguridad privada, luego de que la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada interviniera cinco de estas entidades. La Policía Metropolitana de Barranquilla confirmó la incautación de más de 30 armas de fuego ilegales que se encontraban en posesión de estas empresas.
Irregularidades Operativas y Suspensión de Licencias
La Superintendencia, en el marco de su intervención administrativa, suspendió temporalmente las licencias de funcionamiento de las siguientes empresas: Maximus Seguridad Privada Ltda., Seguridad Privada Lost Prevention Ltda., Atenas Seguridad Privada Ltda., Blink Seguridad Privada Ltda. y Ol Security Group Ltda. Esta decisión se tomó tras detectar posibles incumplimientos graves a la normatividad vigente y como parte de una estrategia nacional para prevenir el desvío de armas hacia estructuras criminales.
Las empresas afectadas operaban en varios departamentos de la Región Caribe, incluyendo Atlántico, Bolívar, Sucre, Magdalena y La Guajira. En conjunto, contaban con 696 vigilantes, 21 vehículos y un arsenal de 483 armas de fuego.
Hallazgos Preliminares y Consecuencias
Entre las irregularidades detectadas, se encuentran fallas en los mecanismos de control de armas, presuntas relaciones de un socio con organizaciones delictivas, y omisiones en los filtros de contratación del personal, donde algunas hojas de vida presentaban antecedentes penales activos. Además, se encontraron deudas acumuladas con el Fondo de Vigilancia desde hace más de una década.
El Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, general Edwin Urrego, enfatizó que las armas incautadas no contaban con la autorización de la Superintendencia para su uso. La Superintendencia ha solicitado al Departamento de Control de Comercio de Armas, Municiones y Explosivos (DCCAE) la custodia provisional del armamento, con el apoyo de la Policía Nacional.
Esta intervención busca fortalecer los controles sobre el sector de la seguridad privada y garantizar que las armas no sean utilizadas para fines ilícitos, reforzando la seguridad y el orden público en la región.