Las recientes movilizaciones propalestinas en Bogotá, específicamente el 2 de octubre, culminaron en actos de vandalismo que generaron controversia. Las protestas, que iniciaron frente a las instalaciones de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI) en la calle 73 con carrera 8, se trasladaron posteriormente al CAI Chile de la Policía, donde se registraron altercados y daños a la infraestructura.
En medio de la tensión, el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Daniel Briceño, denunció públicamente que uno de los presuntos organizadores de las protestas y del "hostigamiento" contra la ANDI sería, según él, contratista de la Presidencia de la República. Briceño publicó un documento que, según él, evidenciaría un contrato millonario entre el individuo y la presidencia, generando una ola de reacciones.
Según fuentes, apenas quince minutos antes del inicio del plantón frente a la ANDI, se observó una fuerte presencia del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) y Gestores de Diálogo Social, superando en número a los manifestantes propalestinos iniciales. El Movimiento Mundial a Gaza, capítulo colombiano, convocó a estas manifestaciones en varias ciudades del país, incluyendo Cali, Pereira, Sogamoso y Medellín.
Una hora después de la hora de inicio, un grupo reducido de manifestantes bloqueó la intersección de la Calle 73 con Carrera Novena, en una zona financiera clave de Bogotá. La situación generó incidentes menores, como el intento de un motociclista por atravesar la protesta, evidenciando la tensión en el área.
Estas protestas se dan en un contexto donde el presidente Gustavo Petro ha expresado públicamente su apoyo a movilizaciones mundiales y nacionales, incluso proponiendo la creación de un ejército para responder a lo que considera un "genocidio" en la Franja de Gaza. Además, Petro ha criticado a la ANDI, acusándola de promover el "esclavismo", lo que le valió una retractación pública por orden judicial. La relación entre el gobierno y el sector empresarial parece tensa, y estas protestas añaden un nuevo capítulo a la controversia.
¿Qué sigue?
Se espera que las autoridades investiguen las denuncias del concejal Briceño y determinen la veracidad de la relación contractual entre el presunto organizador de las protestas y la Presidencia. También se espera que se esclarezcan los hechos de vandalismo y se identifiquen a los responsables. La situación sigue en desarrollo y genera debate en la opinión pública.