El Senado de la República de Colombia ha dado un paso significativo hacia el fortalecimiento de la educación superior pública al aprobar un proyecto de ley impulsado por el Gobierno del Cambio y el Ministerio de Educación. Esta iniciativa busca transformar el modelo de financiamiento de las universidades e instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias estatales.
¿Qué implica la reforma a la Ley 30?
El proyecto, que ahora pasará a debate en la Cámara de Representantes, propone reformar los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992. Estos artículos son cruciales, ya que regulan cómo se financian las universidades públicas en el país. El senador Pedro Flórez, del Pacto Histórico, explicó que el cambio principal radica en la fórmula para calcular los incrementos anuales de los presupuestos universitarios.
Actualmente, la Ley 30 establece que el aumento anual se basa en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sin embargo, este indicador no refleja los gastos reales de las universidades, generando un déficit en el financiamiento.
Beneficios esperados para la educación superior
Con la aprobación de este proyecto, se espera que las instituciones de educación superior reciban recursos de manera más equitativa y acorde a sus necesidades reales. Esto permitiría:
- Mejorar la infraestructura educativa.
- Ampliar la oferta de programas académicos.
- Fortalecer la investigación y la innovación.
- Garantizar el acceso a la educación superior a un mayor número de estudiantes.
Este avance es resultado de décadas de lucha por parte de movimientos estudiantiles que han defendido el fortalecimiento de la educación pública en Colombia. El proyecto de ley continuará su trámite legislativo en la Cámara de Representantes, donde se espera que sea aprobado para luego pasar a sanción presidencial.