Fiscal del caso Nicolás Petro denuncia afectaciones a su independencia
La fiscal Lucy Laborde, encargada del caso contra Nicolás Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro, ha enviado una contundente carta a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, expresando su preocupación por lo que considera afectaciones a su independencia e imparcialidad como investigadora. La misiva, fechada el 22 de septiembre, revela tensiones internas dentro de la Fiscalía en torno a uno de los procesos judiciales más mediáticos del país.
Laborde, quien lidera la investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito contra el exdiputado del Atlántico, cuestiona la decisión de asignarle a la fiscal María Isabel Ramírez como apoyo en el caso. Según la fiscal Laborde, esta medida no responde a una necesidad real y pone en duda su autonomía en la investigación.
Nueva Imputación y Tercer Delito: Tráfico de Influencias
El caso contra Nicolás Petro ha tomado un nuevo giro con la inminente imputación de un tercer delito: tráfico de influencias. La nueva audiencia de imputación, programada para el 1 de octubre en Barranquilla, sumará este cargo a los ya existentes de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Adicionalmente, se espera la imputación de los delitos de celebración de contratos y falsedad en documento público, relacionados con su gestión como diputado del Atlántico.
Es importante destacar que este proceso judicial es distinto a la investigación sobre los fondos presuntamente destinados a la campaña presidencial de Gustavo Petro, lo cual complejiza aún más la situación legal de Nicolás Petro. Esta nueva imputación podría tener consecuencias significativas en su situación jurídica, incluyendo la posibilidad de revocar la libertad condicional de la que actualmente goza.
La denuncia de la fiscal Laborde plantea serias interrogantes sobre la transparencia y la objetividad en el manejo del caso Nicolás Petro, generando un debate sobre la independencia del poder judicial y la posible existencia de presiones externas que podrían influir en el desarrollo del proceso. La ciudadanía espera que se garanticen todas las garantías procesales y que se llegue a la verdad de los hechos, respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.