La jurista María Patricia Balanta se encuentra en el centro de la atención pública en Colombia. Mientras aspira a ocupar un lugar en la Corte Constitucional, enfrenta una denuncia por presunto acoso laboral presentada por la abogada Natalia Giraldo Fernández, su exauxiliar judicial.
Denuncia por Acoso Laboral
Natalia Giraldo Fernández denunció a Balanta por presunto acoso laboral, alegando un trato hostil y presiones indebidas durante su tiempo como auxiliar judicial en el Tribunal Superior de Buga. Según Giraldo, estas acciones afectaron su salud emocional y su permanencia en el cargo. La denuncia fue radicada en 2024 ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial.
Giraldo emitió un comunicado expresando que la filtración del proceso la tomó por sorpresa y, aunque no puede dar detalles específicos por restricciones legales, confirmó la existencia de la denuncia y la dificultad que representó tomar esa decisión. "Denunciar nunca es sencillo, pero lo hice convencida de que era la manera correcta de defender mi dignidad y mis derechos", afirmó Giraldo.
Sin embargo, informes recientes indican que Natalia Giraldo Fernández habría presentado un desistimiento de la queja ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial. Los detalles del desistimiento y las razones detrás de él no se han hecho públicos.
Aspiración a la Corte Constitucional
A pesar de la controversia, María Patricia Balanta figura como una de las candidatas más fuertes para reemplazar al magistrado José Fernando Reyes en la Corte Constitucional. Su nombre ha sido propuesto por la Corte Suprema de Justicia. Balanta ha negado cualquier cercanía o alianza con el Gobierno Nacional. "Yo no tengo ninguna alianza ni he tenido comunicaciones con el Gobierno. Ellos aceptaron, seguramente, acoger mi candidatura y lo hicieron de buena voluntad", declaró Balanta.
El Senado de la República se prepara para definir quién ocupará la vacante en la Corte Constitucional. Además de Balanta, el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo también es considerado un fuerte candidato. La decisión final está en manos del Senado.
La situación de María Patricia Balanta plantea interrogantes sobre la idoneidad de un candidato a la Corte Constitucional que enfrenta acusaciones de acoso laboral, aunque haya un posible desistimiento de la denuncia. El Senado deberá evaluar cuidadosamente todos los factores antes de tomar una decisión final.