La comunidad de Cajicá, Cundinamarca, se encuentra de luto tras el hallazgo del cuerpo sin vida de Valeria Afanador, la niña de 10 años que había desaparecido el pasado 12 de agosto. La confirmación fue realizada por el Cuerpo Técnico de la Fiscalía General de la Nación y el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, poniendo fin a 18 angustiosos días de búsqueda.
Intensa Búsqueda Llegó a un Trágico Final
Desde el momento de su desaparición en el Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, las autoridades desplegaron un operativo masivo con más de 200 rescatistas, apoyados por tecnología como drones, cámaras térmicas y perros entrenados. Se recorrieron extensas áreas, incluyendo más de 12 kilómetros a la redonda y revisiones exhaustivas del río Frío.
El Hallazgo
El gobernador Rey Ángel informó que el cuerpo de Valeria fue encontrado en una zona cercana al río Frío, un área que ya había sido inspeccionada previamente. El mandatario lamentó profundamente el suceso, calificándolo como un hecho doloroso que enluta a la región.
La directora del ICBF, Astrid Cáceres, también se pronunció sobre el hallazgo, expresando sus condolencias y resaltando la importancia de continuar trabajando en la protección de la infancia. La Fiscalía General de la Nación ha iniciado las investigaciones pertinentes para esclarecer las circunstancias de la muerte de la menor.
Reacciones y Conmoción
La noticia ha generado una profunda conmoción en Cajicá y en todo el país. La comunidad educativa del Gimnasio Campestre Los Laureles Bilingüe, amigos y familiares de Valeria, así como ciudadanos de toda Colombia, han expresado su dolor y solidaridad ante esta irreparable pérdida.
- Investigación en curso para determinar las causas de la muerte.
- Apoyo psicológico y emocional a la familia y comunidad.
- Llamado a la reflexión sobre la seguridad y protección de los niños.
Este trágico suceso subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención y protección de la infancia, así como la importancia de la colaboración entre autoridades, instituciones educativas y la comunidad en general para garantizar la seguridad de los menores.