La controversia en torno a la EPS Sanitas continúa generando debate en Colombia. La reciente orden de la Corte Constitucional de devolver la administración de la EPS a sus propietarios, el Grupo Keralty, ha desatado fuertes críticas y tensiones entre el Gobierno y la entidad.
Ministro Jaramillo Cuestiona la Decisión de la Corte
El ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, ha expresado públicamente su desacuerdo con la decisión de la Corte, argumentando que Sanitas no cumple con los requisitos financieros exigidos, como patrimonio, capital y reservas. Durante un debate en la Comisión Séptima del Senado, Jaramillo insistió en que el Gobierno ha cumplido con sus obligaciones financieras con las EPS y que no existe deuda pendiente.
Retraso en la Restitución de la EPS
A pesar del fallo de la Corte Constitucional, la Superintendencia Nacional de Salud aún no ha entregado el control de Sanitas al Grupo Keralty. Esta demora ha llevado a Keralty a solicitar nuevamente la intervención de la Corte para que se haga efectiva la sentencia.
El abogado del Grupo Keralty, Juan David Riveros, ha manifestado su preocupación por la posible afectación del derecho fundamental a la salud de los colombianos debido a la crisis generada por la intervención. Según Riveros, la Superintendencia está utilizando “excusas ilegales” para no cumplir con el fallo de la Corte.
Keralty Solicita a la Corte Cumplimiento del Fallo
La disputa entre el Gobierno y Keralty se centra en la intervención de la EPS Sanitas por parte de la Superintendencia. La Corte Constitucional falló a favor de la compañía, pero la devolución de la administración aún no se ha materializado, lo que ha llevado a Keralty a solicitar a la Corte que haga cumplir su propia decisión. La situación genera incertidumbre sobre el futuro de la EPS y la atención a sus afiliados.
- La Corte Constitucional ordenó la devolución de la EPS Sanitas al Grupo Keralty.
- El Ministro de Salud cuestiona la capacidad financiera de Sanitas.
- Keralty denuncia la demora en la restitución y pide intervención de la Corte.