Emergencia en Discapacidad: El Senado Define el Futuro de Millones
El Senado argentino se encuentra debatiendo un proyecto de ley crucial que busca declarar la emergencia en el sector de la discapacidad. Esta iniciativa surge como respuesta a las severas críticas y denuncias de organizaciones que representan a este colectivo, quienes señalan un drástico ajuste que impacta negativamente en sus vidas.
Desde el año pasado, diversas organizaciones han alertado sobre un plan de ajuste que incluye el recorte de pensiones, el desfinanciamiento de prestaciones de salud y educación, y el desmantelamiento de la ANDIS, el organismo encargado de implementar políticas públicas para personas con discapacidad. La situación se ha agravado con la falta de actualización de asignaciones y subsidios, sumiendo al sector en una profunda crisis.
Impacto del Ajuste: Datos Alarmantes
Un informe reciente de la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) revela datos preocupantes: la pensión por invalidez laboral se mantiene en 217 mil pesos mensuales (el 70% de una jubilación mínima), mientras que una maestra de integración cobra aproximadamente 3 mil pesos por hora, con pagos demorados hasta 180 días. Los talleres protegidos, por su parte, reciben una asignación de solo 28 mil pesos mensuales, sin actualización desde febrero de 2023.
La Respuesta del Colectivo: Movilizaciones y Exigencias
Ante esta situación, el colectivo de la discapacidad ha intensificado sus acciones de protesta, protagonizando marchas hacia la Quinta de Olivos y el Congreso para denunciar el ajuste y respaldar el proyecto de ley que declara la emergencia. La Fundación de Desarrollo Humano Integral, Argentina Humana Inclusiva, el Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad, entre otras agrupaciones, se concentraron frente al Congreso para exigir la aprobación de la ley.
¿Qué propone la Ley de Emergencia?
El proyecto de ley busca revertir, al menos parcialmente, el ajuste que viene sufriendo el sector. Se espera que, con un costo fiscal mínimo, pueda mejorar significativamente la calidad de vida de millones de personas con discapacidad en Argentina. El debate en el Senado es crucial para determinar si estas esperanzas se materializarán.