El Parlamento de Jamaica se encuentra en el centro de una controversia tras la decisión de remover al Auditor General (AG) como comisionado de la Comisión de Integridad (IC). Esta medida, impulsada por miembros del gobierno, ha generado fuertes críticas y acusaciones de hipocresía por parte de la oposición.
El Detonante: La Propuesta de Warmington
La propuesta de Everald Warmington, miembro del Parlamento por St Catherine South Western, fue clave para este cambio. Warmington argumentó que la presencia del Auditor General en la IC viola la constitución, sugiriendo que los legisladores se equivocaron al incluirlo en la nueva Comisión de Integridad.
Argumentos a Favor del Cambio
Los miembros del gobierno sostienen que la IC, al recibir cerca de $2 mil millones anuales del Estado, debe ser sometida a una auditoría rigurosa, solo posible a través del Departamento del AG. Aunque la IC actualmente es auditada por una firma contable independiente, el gobierno considera que esta auditoría no es lo suficientemente exhaustiva.
Oposición al Cambio
Los miembros de la oposición, Dr. Morais Guy y Julian Robinson, se opusieron a la medida. Argumentan que no ven problemas con la participación del Auditor General en la IC y cuestionan las motivaciones detrás de esta remoción.
Acusaciones de Hipocresía
El Partido Laborista de Jamaica (JLP), en el gobierno, acusó al Partido Nacional del Pueblo (PNP), en la oposición, de hipocresía. Según el JLP, el PNP había solicitado cambios similares a la Ley de la Comisión de Integridad en 2019. El senador gubernamental Marlon Morgan afirmó que el PNP había pedido modificaciones parecidas en el pasado.
Reacción del PNP
El presidente del PNP, Mark Golding, criticó la decisión, describiéndola como un paso más en una serie de "ataques estratégicos y peligrosos" del gobierno de Holness contra la arquitectura anticorrupción de Jamaica. Golding señaló que el Auditor General ha sido miembro de los principales organismos de supervisión de la integridad en Jamaica desde la independencia.
La controversia continúa generando debate en la política jamaicana, con implicaciones importantes para la transparencia y la lucha contra la corrupción en el país.