El panorama financiero latinoamericano está dando que hablar. Por primera vez en casi un año, el riesgo país de Ecuador ha descendido por debajo del de Argentina. Este fenómeno, observado desde el 22 de agosto, marca un cambio significativo en la percepción del riesgo crediticio de ambos países.
¿Qué Impulsa Este Cambio?
El rally de los bonos ecuatorianos, impulsado por el triunfo de Daniel Noboa Azín en abril, contrasta con la situación argentina, donde los bonos luchan por encontrar un impulso positivo. A esto se suma un reciente escándalo de sobornos que afecta al gobierno de Javier Milei, generando incertidumbre en los mercados.
El Emerging Market Bond Index (EMBI) de Ecuador cerró el 22 de agosto en 765 puntos, superando los 767 de Argentina. La brecha se amplió el 25 de agosto, con el EMBI argentino escalando a 829 unidades y el ecuatoriano descendiendo a 759.
El Riesgo País como Barómetro Económico
El riesgo país, un indicador clave de la capacidad de un país para cumplir con sus obligaciones de deuda, refleja la percepción de los inversores internacionales. Ecuador, históricamente volátil en este indicador, ha experimentado fluctuaciones influenciadas tanto por factores económicos como políticos.
S&P Global Ratings también ha contribuido a la narrativa, elevando la perspectiva de la deuda de Ecuador de negativa a estable. Esta decisión sugiere una mayor confianza en la estabilidad política y las reformas fiscales implementadas por el gobierno actual.
¿Un Simple 'Reset' o Recuperación Real?
Si bien la mejora en la calificación de Ecuador es una señal positiva, es crucial analizar si representa una recuperación económica genuina y sostenible o simplemente un ajuste técnico. La dependencia de Ecuador de los precios del petróleo y su considerable deuda externa siguen siendo factores a considerar.
Es importante destacar que la causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre presuntas irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Es clave abordar el tema con rigor, pluralidad de voces y responsabilidad editorial.